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Redacción Nacionales
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Este miércoles se realizó la audiencia de revisión de medidas en contra de los líderes comunitarios detenidos de Santa Marta, en la que decretaron medidas de detención domiciliar, y tendrán que pagar una fianza de 3 mil dólares cada uno, para salir de prisión.
Luego de casi siete meses en prisión injusta, pues la Fiscalía acusó a los líderes comunitarios y ambientalista de Santa Marta-ADES, de un supuesto crimen ocurrido en 1989, durante la guerra civil, sin tener pruebas contundentes del supuesto hecho.
Este miércoles, aunque de forma tardía, el sisema judicial realizó la audiencia de revisión de medidas,en san salvador, ordenada por la Cámara Segunda Sección del Centro de Cojutepeque, en junio pasado, donde se cambió la prisión carcelaria por arresto domiciliario. El pasado 11 de enero de 2023, Miguel Ángel Gómez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas Laínez, Saúl Agustín Rivas Ortega y Teodoro Antonio Pacheco, líderes comunitarios de la Comunidad Santa Marta y directivos de la Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta (ADES) fueron detenidos y acusados por un supuesto hecho ocurrido durante el conflicto armado. Al momento de la captura, los fiscales y policías aseguraron a la comunidad que no les aplicarían el Estado de Excepción, lo cual fue falso, pues estuvieron incomunicados tanto de sus familiares como de su abogado.
La defensa y organizaciones civiles como ADES, y otras defensoras de los Derechos Humanos, ha sido la liberación de los líderes ambientalistas y comunitarios, por su estado de salud y por ser inocentes.
Los líderes comunitarios han recibido el apoyo de la comunidad internacional, que incluye organizaciones de las Naciones Unidas, congresistas de los Estados Unidos, y de asociaciones internacionales de juristas.
Los lideres eran acusados del asesinato de María Inés Alvarenga Leiva, ocurrido en agosto de 1989, pero no se pudo justificar la acusación porque ni siquiera encontraron el cuerpo de la víctima al realizare las excavaciones donde supuestamente enterraron a la supuesta víctima.
En reiteradas ocasiones la comunidad nacional e internacional como la CIDH dijeron que era una injusticia su captura, porque también se les había extendido la detención provisional hasta febrero de 2024, sin elementos probatorios, lo que se convertía en una condena anticipada de los defensores de medio ambiente y derechos humanos.
La Comunidad de Santa Marta y ADES no ha cesado en su denuncia de los verdaderos motivos de la captura de los líderes ambientalistas, tanto nacional como internacionalmente, los cuales son el interés del gobierno del presidente Nayib Bukele de autorizar nuevamente la explotación minera en El Salvador, y que las comunidades organizadas como Santa Marta son fieles opositores a la misma.
